QUIEBRA DE CONFIANZA
Por HERMANN TERTSCHABC Martes, 22.10.13
El problema está en el
desmoronamiento de la esperanza en que el Gobierno de Rajoy fuera una
alternativa real de integridad
LA tragedia de lo sucedido ayer no está en Estrasburgo.
Donde unos jueces de dieciséis países se dejaron convencer hace un año por un
juez español de que había que ayudar a la paz y reconciliación en España. Y que
todos ellos podían ser muy útiles en ello si juntos apoyaban la causa de una
etarra que, bien asesorada, había llegado a aquel tribunal luchando contra una
práctica que consideraba anómala. La práctica era la forma de computar la
redención de pena por trabajo. En 2006 la inminente salida de la cárcel de un
sanguinario terrorista llamado Henri Parot hizo cambiar la forma de contar los
días redimidos por jornadas de trabajo en prisión. A descontar no de la condena
efectiva sino del total. Con lo que se garantizaba que cumplieran al menos los
30 años de pena máxima. Este cambio, que nada tiene que ver con la condena sino
con la reglamentación de su cumplimiento, es el que, movidos por el juez
socialista Luis López Guerra, los miembros del Tribunal en Estrasburgo han
considerado que vulneraba el principio de irretroactividad. Podían haber
decidido lo contrario. De hecho estuvieron a punto de hacerlo en la primera
sentencia Y, me dicen y me cuentan, habría sido jurídicamente tan impecable
como la decisión contraria. Pero el juez español, que fue secretario de Estado
en el Ministerio de Justicia con el inefable ministro López Aguilar, estaba en
Estrasburgo para lo que estaba. Allí la lucha antiterrorista había ganado una
gran batalla al sancionarse la Ley de Partidos, con la que España estuvo a
punto de vencer definitivamente al terrorismo con el presidente Aznar. Hasta
que el terrorismo, el 11 de marzo del 2004, nos hizo descarrilar. Como segundo
hombre en el Ministerio que, aparte de Interior, habría de llevar la larga
coordinación con la banda ETA para adaptar las realidades al beneficio mutuo. Y
en 2007, reconvertido de nuevo en juez, López Guerra se fue a Estrasburgo a
preparar el desmantelamiento de las conquistas de España en la condena y
persecución internacional de ETA y sus grupos.
El problema no es ya la sentencia. Ni siquiera la salida de
la cárcel de Inés del Río, por mucho que sea un símbolo más para ETA de que su
larga lucha ha cuajado y vencido. Y en todos los que saldrán triunfantes y que
reafirmarán su mensaje de que gracias a estos héroes se han sembrado las
condiciones para que el País Vasco quede firmemente en manos de quienes dominan
el terreno, ellos. Que son quienes abrirán y cerrarán la espita de la presión y
el miedo para diseñar política y vida cotidiana. Para garantizar que España, su
historia y los vascos que se saben españoles nunca vuelvan a tener allí
presencia plena ni derechos.
Años antes de las bombas eficaces de marzo de 2004 ya
planeaban algunos en caseríos guipuzcoanos lo que ha ido sucediendo. El
problema ahora no está en la miseria moral de un Zapatero colaborador del
primer enemigo del Estado desde el corazón del mismo. El problema está en el
desmoronamiento de la esperanza en que el Gobierno de Rajoy fuera una
alternativa real de integridad para los principales desafíos políticos y
morales de esta sociedad. Ni en la regeneración interna ni en la voluntad de
reafirmación de la legalidad nacional frente al separatismo hay estatura ni
calidad. No hablemos de grandeza. Ahora se suma la terrible sospecha de que
este Gobierno ha asumido el peor legado de Zapatero como propio. Que se han
convertido en émulos en lo peor. Cuánto desearían las víctimas, que ayer
volvieron a ver morir a los suyos, pero también muchos millones de españoles,
que esto se desmintiera.
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