PROHIBIDO LO MALO
Por HERMANN TERTSCH
ABC Viernes,
28.09.18
Sánchez quiere leyes para perseguir al poco periodismo que
no es su soldadesca
ESTÉN atentos los españoles, porque si este Gobierno no cae
pronto, sea por inepto, por tramposo, por mentiroso, por plagiario, por
traidor, por cómplice de mafias, por colaborador de golpistas y enemigos de
España, puede que se quede. Puede que transforme tanto los métodos de trabajo
en nuestro sistema que no podamos, no nos dejen hablar sobre su relevo hasta que
las condiciones de miseria, violencia y caos ocupen organismos internacionales.
En España asistimos ya a muchos pasos consecuentes que dicta el guión de una
toma de las riendas del poder, no solo del Gobierno, sino del sistema, para
poder casi excluir la alternancia. De ahí que sean tan alarmantes las palabras
de la vicepresidenta Carmen Calvo que anuncian la intención del Gobierno de
imponer límites a la libertad de expresión e información. Siempre en defensa de
la verdad, faltaría más.
Tras los baratos eufemismos de Calvo, queda claro que el
Gobierno considera que jueces y tribunales no son suficientes como hasta ahora
para perseguir los delitos en opinión e información. Porque hay informaciones u
opiniones que este Gobierno quiere perseguir y que aún no puede. «Necesitamos
seguridad». Se regulará –dice que con otros países– lo no regulado hasta ahora
en el ámbito de la libertad de expresión y del derecho a la información. Las
amenazas a los medios de este Gobierno no tienen precedentes en España desde 1978.
No quieren que se hable mal de ellos. Y decretan que todo lo malo sobre ellos
es mentira. Ya lo advirtió Pedro Sánchez, menos solemne que macarra, que quien
le critique a él o al Gobierno critica al Estado. Al principio nos hizo gracia.
¿Qué rayos se habría creído ese galán de grandes superficies? La risita se nos
ha borrado. Con su carácter práctico, no serán ni el principio de
contradicción, ni la honradez, ni la vergüenza ni el sentido del honor lo que
frene la incontrolada ambición de Pedro Sánchez. No tiene dudas ni muestra
escrúpulos. No hay elecciones. Los golpistas son buenos. Los
constitucionalistas, malos. Monto cuando quiero en avión. Mi mujer trabaja
donde me dé la gana. Quien me ataca ataca a España. Punto.
Atentos españoles, el Gobierno quiere armas para combatir
«la mentira» de los periodistas. Eso que les gusta llamar «fake news» porque
hacen mucho daño, «a veces», dramatizaba ayer Calvo, «daños irreparables». En
un ambiente tan comprensivo de la leal soldadesca izquierdista del periodismo
patrio nadie le haría reparar ayer que los daños que sufre actualmente el
Gobierno no los generan unas mentiras sino unas verdades. Estas nuevas medidas
para limitar la libertad de expresión y de información encajan con las
disposiciones de la nueva ley de memoria histórica que tiene en la recámara el
PSOE y que impone penas de prisión, graves multas e inhabilitación a quienes
cuestionen la interpretación de la guerra civil española y del franquismo que
hacen quienes se consideran herederos de los perdedores. Dará con sus huesos en
la cárcel quien crea como yo que la tragedia española no comenzó el 18 de julio
de 1936, sino con la criminal quema de iglesias y conventos de 11 de mayo de
1931 y que, por supuesto, fue una inmensa suerte para España que la guerra la
ganara Franco y no Stalin.
Ahí tienen a la UE muy preocupada por Hungría y Polonia,
porque cumplen su programa unos gobiernos avalados por amplias mayorías salidas
de elecciones impecables. Pero de España no dice nada la UE. Pues debiera. Un
gobierno de 84 escaños apoyado por grupos totalitarios –unos pisotean los
derechos de los españoles no separatistas, otros son títeres y franquicias de
regímenes asesinos–, prepara un arsenal de medidas para perseguir a quien
discrepe. A quien se atreva a decir la verdad sobre el Gobierno y sobre la
historia o a escribir una columna como esta.
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