PENAS, JUSTICIA Y TOREO
Por HERMANN TERTSCHABC Viernes, 24.01.14
Se nos había pasado el susto de saber que Garzón había
tenido poder sobre nuestra libertad y hacienda. Ahora ha sido Elpidio
EL extorero Ortega Cano deberá ir a la cárcel porque la
sentencia «está para ser cumplida», tal como ha dicho la titular del Juzgado de
lo Penal número 6 de Sevilla. Parece bastante obvio o al menos lo sería en
cualquier otro país de nuestro entorno. Porque resulta del todo absurdo que una
solicitud de indulto que hace el propio condenado paralice indefinidamente el
cumplimiento de una condena. Pero sería de agradecer que, si así se decide esta
vez, no acabe resultando que esta medida tan razonable solo es aplicable en
España a toreros jubilados. Y no a políticos, insulares o no. No vamos a hacer
una lista de todos los que han visto transcurrir la espera del compasivo
indulto gubernamental y el tiempo de su hipotética condena en una comodísima
libertad, en pleno disfrute de sus fortunas, en muchos casos, beneficio directo
del delito por el que habían sido condenados.
En el desgraciado caso de Ortega Cano la causa de la condena
fue su maldita idea de sentarse borracho al volante aquel día y el trágico
accidente que provocó y que costó la vida a un conductor que por puro azar se
cruzó en su paso. Lo curioso, o lo terrible, es que esa frase de «la pena está
para ser cumplida» parece querer recordárselo la jueza a la sociedad en
general. «Oigan, que las penas de cárcel no son virtuales». Lleva años la
sociedad española, por no hablar de los periodistas, en clase intensiva de
leyes, derecho procesal, penal y civil, para intentar explicarse, primero las
tropelías cometidas por algunos destacados conciudadanos, muchos de altas
responsabilidades. Y segundo, los mecanismos, añagazas, recursos legítimos,
trucos y perfectas golferías, toreo puro, que muchos organizan para que
aquellos polvos no les manchen con lodo alguno. Los diarios nacionales parecen
todos abrir con una eterna crónica de tribunales. Lo que la sociedad percibe es
que tenemos maestros del toreo con sumarios y causas. Lo cierto es que, por
ejemplo, el señor Miguel Blesa está en la calle. A muchos les parece raro, pero
en realidad está en gozosa libertad como todos los responsables de los
hundimientos de las Cajas, políticos incluidos.
Que hay cientos de sumarios abiertos, se sabe. Pero si
preguntan por la calle verán que nadie confía en que nadie pague abusos, robos
o temeridades con catastróficas consecuencias. No ayuda saber que los
terroristas apenas pagan, claro. Y es que el señor Blesa tuvo la inmensa suerte
de toparse con el juez Elpidio Silva, que, con su tontiloquismo, por lo menos
le ha quitado de encima un par de sumarios de casos, raros, raros, raros.
Porque si nuestros ilustres imputados son una casta extraordinaria más propia
de regímenes caribeños que de democracias europeas, nuestros jueces han
demostrado también ser una casta a la altura. Cuando a un juez al que se le
pone cara, responde a lo que hace treinta años considerábamos la lógica imagen
de un juez, nos emociona como el ser extraordinario que hoy nos parece. Nos
insisten en que en su mayoría son así. No nos lo parecen cuando vemos las
actuaciones. Y hemos visto muchas en los últimos años, meses y semanas. No sólo
en el dantesco espectáculo desencadenado por la sentencia Parot. Ni en el baile
del CGPJ. Lo grave es lo poco que nos fiamos ya.
Se nos había pasado el susto de saber que Baltasar Garzón
había tenido poder sobre nuestra libertad y hacienda. Ahora ha sido Elpidio.
Pero queda claro que, sin un damnificado como Blesa y un abogado como el suyo,
este juez seguiría en su cargo ejerciendo como lo que es, un auténtico peligro
público.
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